Pondremos en marcha un programa integral de fomento agropecuario que promueva, al mismo tiempo, la economía de autoconsumo en las comunidades, la producción destinada al mercado interno y las actividades agropecuarias de exportación.

El proyecto nacional de crecimiento con equidad no sería viable sin rescatar del abandono al campo y a sus pobladores.

Promover el desarrollo rural implica mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fortalecer las actividades productivas, como parte de la solución de los grandes problemas nacionales.

Es obvio que primero tiene que atenderse a la gente, evitar su empobrecimiento; detener la emigración masiva y mejorar las condiciones de vida en rancherías, ejidos, comunidades y pueblos. Pero, también, hay que considerar que la producción del campo es fundamental para el desarrollo nacional.

Un sector agropecuario económicamente fuerte, significa: alimentos y materias primas que satisfagan la demanda interna y contribuyan al equilibrio de la balanza comercial; exportación de cultivos de alta densidad económica; generación de empleos agrícolas para reducir presiones sobre los mercados de trabajo urbanos y generar efectos multiplicadores sobre el empleo en otras ramas de la economía, y una demanda interna más dinámica que amplíe el potencial del mercado nacional para acelerar el crecimiento económico general.

El Abandono del Campo

Esta tarea de reivindicación y de impulso a las actividades productivas del campo requiere de un cambio profundo en las políticas implantadas durante varias décadas y, sobre todo, exige hacer a un lado la vieja concepción que privilegió el sector industrial, como el motor del crecimiento, discriminó en contra de la agricultura y estableció el sesgo urbano. Estas concepciones orientaron todo el sentido de las políticas públicas y definieron prioridades en el gasto fiscal. Este sesgo urbano no se eliminó con el modelo neoliberal; por el contrario algunos elementos negativos se agudizaron al someter la agricultura a la competencia con la potencia agroindustrial exportadora mundial, que además dedica cuantiosos recursos fiscales para financiar un costosísimo sistema de subsidios que alejan los precios de exportación de los costos productivos. En el modelo aplicado durante las décadas pasadas, se procuró elevar la productividad del campo mediante la competencia externa, reconocidamente desleal y reduciendo el empleo. En las nuevas políticas se consideraba que sólo son viables aquellos cultivos que compitieran exitosamente, en los mercados externos y también en en el mercado interno frente a las importaciones. Los demás cultivos, el grueso de la población campesina, los pequeños productores de granos básicos, maíz y frijol, no tenían viabilidad económica y debían aceptar, resignadamente, las condiciones impuestas por el mercado. Algo así como la libertad del zorro en el gallinero.

La concepción neoliberal partió de una premisa simplista e ineficaz: se suponía que sólo era cuestión de dejar en libertad a los agentes privados y a las fuerzas espontáneas del mercado, para incrementar las inversiones de capital en el sector agropecuario, así como elevar la eficiencia y la producción de alimentos y materias primas, básicamente frutas y hortalizas que se consideraban eran los productos en los cuales México tiene ventajas comparativas en la región TLCAN. Todo ello, en el marco de una apertura comercial que se realizó a marchas forzadas a partir de los años ochenta, y que fue amarrada con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN).

A partir de lo anterior, los tecnócratas redujeron subsidios, eliminaron aranceles y permisos previos de importación y dejaron de considerar necesaria la inversión pública destinada al sector agropecuario. Se acumuló y agigantó el déficit en inversiones en el campo que ya venía desde los años cincuenta. Las inversiones que se realizaron, además de limitadas, se concentraron en la agricultura moderna, de gran escala, productora de insumos para la industria o destinada a la exportación. Se abandonó al pequeño productor de alimentos para el mercado doméstico.

La aplicación de una política de apertura comercial, apresurada y sin límites estratégicos, pronto originó que los productores nacionales quedaran en abierta desventaja para competir con los del extranjero. Esto favoreció principalmente a los productores de Estados Unidos, que pueden vender más barato en el mercado mundial porque poseen mejor tecnología y reciben subsidios, compensaciones y créditos blandos de su gobierno, mientras en México los productores no gozan de los mismos beneficios y más bien están abandonados a su suerte. Estos efectos golpearon especialmente aquellos sectores en los cuales México compite con los Estados Unidos: granos básicos, especialmente maíz, soya, frijol, sorgo.

Los efectos de la apertura comercial se agravaron con la estrepitosa disminución de la inversión pública destinada al sector agropecuario. En el trienio 1980-1982 fue de 1.48 por ciento del PIB en promedio y para el trienio 2001-2003 apenas representó el 0.68 por ciento.

Además, comparando los mismos periodos, el gasto público global en fomento agropecuario, que incluye inversión, apoyos a la comercialización, extensionismo, sanidad vegetal y animal y otros, cayó del 2.93 al 0.58 por ciento del PIB.

Entre las partidas afectadas figura el gasto en ciencia y tecnología para el sector agropecuario, forestal y pesquero. Aquí es menester señalar que aún cuando organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomiendan que el gasto de los países en ciencia y tecnología alcance por lo menos el uno por ciento del PIB (los países desarrollados gastan alrededor del 3 por ciento), México sólo destinó a este rubro el 0.42 por ciento en 2003 y al sector agropecuario, forestal y pesquero correspondió, apenas, el 0.3 por ciento del PIB. Según la misma institución, al tiempo que, en el año 2000, los Estados Unidos destinaron 4 mil millones de dólares en desarrollo científico y otros gastos conexos para el sector agropecuario, México canalizó 150 millones de dólares.

En materia de crédito, el destinado al sector agropecuario presentó también una espectacular caída. En específico, la banca nacional de desarrollo disminuyó sus créditos agropecuarios de 18 mil 643 millones de pesos por año, durante el trienio 1980-1982, a 3 mil 815 millones de pesos por año, durante el trienio 2001-2003 (a precios de 1994); y la banca comercial redujo el crédito agropecuario de 15,782 millones de pesos anuales a 7 mil 492 millones anuales en el mismo lapso.

Es más: aunque la escasez de crédito durante la época neoliberal ha perjudicado a todos los sectores de la economía del país, los créditos de la banca comercial y de desarrollo, destinados a la industria y los servicios no financieros pasaron, en los mismos trienios comparados, de 66.1 por ciento del crédito total destinado a empresas y particulares, al 58.8 Mientras, los créditos destinados al campo bajaron del 14.7 al 5.4 por ciento.

Los más afectados, en todos sentidos, han sido los campesinos. La superficie de cultivo habilitada por la banca de desarrollo se redujo de 6 millones 563 mil hectáreas por año, en el trienio 1980-1982, a sólo 1 millón 424 mil hectáreas por año, en el periodo 2001-2003.

Por si fuera poco, el sistema de precios de garantía para las cosechas básicas, instituido durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, fue eliminado por la tecnocracia neoliberal con el pretexto de que era una política agrícola anticuada. Sin embargo, este instrumento sigue siendo utilizado en otros países para otorgar certidumbre a la producción agropecuaria. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley Agrícola 2002-2007 lo establece bajo la forma de “ingreso objetivo”, para garantizar los precios del maíz, trigo, soya, arroz, sorgo y otros.

El conjunto de políticas de desarrollo económico, las de la sustitución de importaciones y el modelo neoliberal actual, han discriminado contra el sector agropecuario y han generado un grave rezago productivo del sector agropecuario en relación con el crecimiento de la población, y lo que es más grave, ha sido un descenso que no se corresponde ni con el verdadero potencial del sector que tiene México ni con su nivel de desarrollo actual. Es perfectamente posible y conceptualmente justificable, aún por teorías económicas ortodoxas, que el sector agropecuario mexicano debería tener un peso mayor en el PIB que el que hoy tiene de solamente 4%-4.5%, con lo cual se elevaría su productividad y permitiría retener empleo y desacelerar el alarmante abandono del campo. Del trienio 1980-1982 al trienio 2001-2003, el PIB agropecuario forestal y pesquero por habitante se redujo 11.1 por ciento. En otras palabras: mientras la producción total de alimentos avanzó a un ritmo anual de 1.4 por ciento, la población del país creció, en el periodo de referencia, a una tasa del 1.9 por ciento anual.

Entre los productos afectados se encuentran los principales granos (maíz, frijol, trigo, arroz, soya, sorgo, cártamo y ajonjolí), cuya cosecha disminuyó de 341.2 kilogramos por habitante, a 304.5 kilogramos, es decir se redujo 10.8 por ciento durante el mismo lapso.
La producción de carnes rojas (bovina, porcina, ovina y caprina) disminuyó de 36.5 kilogramos por habitante a 25.5 kilogramos, una reducción de 30.2 por ciento; la producción de leche bajó de 103.9 litros por habitante, a 95.8 litros, una reducción del 7.9 por ciento; y la producción de maderas disminuyó de 131.6 decímetros cúbicos por habitante, a 73.2 decímetros cúbicos; una caída de 44.2 por ciento.
El dispar crecimiento de la producción y de la población significa que se debe satisfacer el aumento en la demanda con crecientes importaciones, es decir se eleva la dependencia alimentaria del exterior y consecuentemente se presiona a las cuentas externas de la economía. Esta es una estrategia que nunca siguieron los países desarrollados y que aún hoy se niegan a seguir y menos tan rápidamente como lo hicieron los negociadores de la apertura y del TLCAN.

En efecto, , las importaciones agroalimentarias crecieron de 2 mil 756 millones de dólares anuales, en el periodo 1980-82, a 5 mil 562 millones en el trienio 1991-93, antes de la entrada en vigor del TLCAN; y a 11 mil 881 millones de dólares por año, en 2001-2003, con la particularidad de que en 2003 alcanzaron los 12 mil 833 millones de dólares, cifra superior al ingreso de inversión extranjera directa que ascendió a 10 mil 731 millones de dólares en ese año.

Es cierto que la agricultura de exportación ha crecido pero se ha descuidado la producción para el mercado interno, al grado de que el incremento en las exportaciones no ha contrarrestado el crecimiento de las importaciones de alimentos y materias primas. De manera que el déficit en la balanza comercial agroalimentaria pasó de 694 millones de dólares anuales, en el periodo 1980-1982, a 3 mil 55 millones de dólares por año, en el trienio 2001-2003.

Hay que recordar que, por cada dólar en alimentos que México importa, no sólo transfiere al exterior divisas escasas que podrían utilizarse para otros fines. También el país pierde empleos rurales, sub-utiliza sus recursos naturales, reduce los ingresos campesinos y aumenta la pobreza rural afectando a toda la economía. En efecto, con esta estrategia se pierden los efectos multiplicadores de la actividad agropecuaria sobre la producción, el empleo y la inversión en otras ramas de la economía.

Pérdida de Empleos Rurales

Debemos subrayar que, a causa del deterioro agropecuario, y por los cambios en la estructura de la producción agropecuaria que ha inducido la apertura hemos perdido empleos rurales. En 1993, la población ocupada en el sector agropecuario era de 8 millones 842 mil 774 personas y, en el 2003, se redujo a 6 millones 813 mil 644; es decir, se perdieron dos millones de empleos en el campo, tan sólo en este periodo. En consecuencia, se ha incrementado la emigración del campo hacia las grandes ciudades y hacia el extranjero.

Quizá lo más grave de todo es la creciente emigración de mexicanos a los Estados Unidos de Norteamérica. El abandono al campo no ha dejado otra alternativa. Millones de mexicanos, por necesidad, se han visto obligados a abandonar sus comunidades de origen.

Según cifras del CONAPO, durante los primeros tres años del gobierno de Vicente Fox, el flujo neto de emigrantes mexicanos a Estados Unidos de América aumentó a un nivel histórico de 410 mil personas por año. En los últimos tiempos, México se ha convertido en el país que más mano de obra expulsa al extranjero.

Flujo neto anual (entradas menos salidas) por periodo

1/ SRE. Estudio Binacional México-Estados Unidos. México, 1997.
2/ Estimaciones del Consejo Nacional de Población.
3/ Estimación de Milenio Semanal, con base en los datos más reciente de CONAPO.

Este fenómeno socioeconómico ha venido sobreponiéndose, incluso, al profundo arraigo cultural que existe en comunidades indígenas y campesinas del sur del país. Antes, la emigración era, fundamentalmente, de los estados del norte y centro del país. Ahora, los campesinos de estados como Veracruz, Chiapas, y Tabasco, sobre todo los jóvenes, están optando por emigrar; y, en muchas comunidades, como sucede también en otras entidades, sólo están quedando los niños, las mujeres y los ancianos. Por otra parte la emigración desmiente ciertos prejuicios sostenidos por definidores de política en el sentido de que el campesino es conservador, que le teme al cambio a la innovación, que no asume riesgos y que al no ser “modernizable” no vale el esfuerzo de desarrollar políticas para elevar la productividad del sector campesino. Que gran falacia.

Todo ello, insistimos, a pesar de que existen recursos naturales en abundancia, que hay un profundo amor por la tierra y una vocación productiva, como en pocos países del mundo. Pero quienes dirigen la política vigente no piensan ni miran hacia el campo. Por el contrario: cada vez se escucha más, en las esferas gubernamentales, la conveniencia de aceptar que la gente deba irse trabajar a los Estados Unidos: llegan a plantear que el gobierno debe llevar a cabo un programa de capacitación para jardineros, enfermeros y especialistas en atender a adultos mayores. Porque, según los neoliberales, en Estados Unidos cada vez habrá más demanda de este tipo de trabajadores, debido al envejecimiento de la población.

Las Acciones

Obviamente, no puede aceptarse la situación descrita como la única opción que existe para el campo. Sería como rendirnos o renunciar a nuestra capacidad de desarrollo soberano. Desde luego, estamos conscientes de que no sería fácil revertir el profundo deterioro del campo mexicano: es mucho el atraso, el abandono y la miseria. Pero también creemos que, con una acción gubernamental decidida y eficaz a favor del campo y sus pobladores, es posible revertir la devastación y dar paso al progreso productivo y al bienestar social.

Nuestra Propuesta:

1. Un programa integral de fomento agropecuario, instrumentado de manera concertada con los productores rurales y bajo un criterio incluyente en las tareas y los beneficios del desarrollo. Se trata de armonizar y apoyar, al mismo tiempo, la producción de autoconsumo, la producción para el mercado interno y la producción para exportar. El principal actor del cambio es el pequeño y mediano campesino, en donde radica el potencial de crecimiento.
   
   Una agricultura de exportación dinámica no se contrapone a una agricultura fuerte para el mercado interno. Nuestra experiencia histórica así lo indica: desde los años 40 hasta los 60, las exportaciones agropecuarias generaron más de la mitad de las divisas que ingresaron a México por exportación de mercancías; y, al mismo tiempo, el campo mexicano satisfizo la demanda interna de alimentos y materias primas agropecuarias.
   
   

2. Habría que promover el fortalecimiento de la economía de autoconsumo y el potencial de la agricultura de pequeña y mediana escala. El propósito es que, con pequeños apoyos, se fomenten las actividades productivas tradicionales, pero elevando su productividad. El rescate del campo supone revalorar la importancia que tiene la unidad de producción campesina. Tomemos en cuenta que hay comunidades y pueblos con actividades productivas integradas o complementarias que han permitido el sustento, por muchas generaciones, de sus pobladores.
   
   Es básico revalorar cultivos y tecnologías tradicionales que hemos venido olvidando, debido a una mal entendida modernidad. Un caso concreto es el manejo de solares o patios para el cultivo de hortalizas, árboles frutales, maderables y plantas medicinales que, en combinación con la crianza de gallinas y cerdos, puede significar un importante apoyo a la economía familiar.
   
   Esto ha sido reconocido incluso por el Banco Mundial, en donde se define a la pequeña propiedad agropecuaria como a más racional y eficiente unidad de explotación capitalista agrícola”
   
   Hay casos excepcionales en comunidades indígenas en donde todavía se produce prácticamente todo lo que se consume. Está también, por ejemplo, lo que históricamente se ha venido dando en pueblos como los de Tlaxcala donde los campesinos, en pequeñas porciones de tierra, cultivan maíz, con buena productividad, y tienen en sus patios borregos, chivos, vacas y el telar dentro de la casa.
   
   Hoy, en vez de alentar estas formas propias de producción, se ha venido optando por instalar granjas avícolas y porcinas, con animales de “raza” que son menos resistentes a las enfermedades y dependen de insumos y alimentación especial o balanceada, producida por empresas comerciales de afuera de la comunidad, con poca o nula utilidad y beneficio para los campesinos.
   
   Es por ello lamentable que, en algunas comunidades, los campesinos tengan que comprar rejas de huevos de granja y gallinas de desecho, cuando ellos mismos pueden producir y comercializar estos alimentos.
   
   La acción gubernamental que proponemos debe orientarse al otorgamiento de créditos a la palabra, para la compra de animales, granos y semillas; materiales de trabajo, insumos y todo aquello destinado a fortalecer las actividades productivas y las tecnologías tradicionales.
   
   Específicamente, podríamos fortalecer desde abajo y con la gente, la economía de las familias campesinas. Para ello, se convocaría a una gran cruzada nacional a favor del campo, incorporando a la actividad promotora a más de 20 mil agrónomos desempleados o subocupados fuera de su profesión, con criterio de servicio social y sensibilidad a las realidades agropecuarias y culturales de nuestras comunidades rurales.
   
   Apoyar estas actividades debe significar una mejoría en la alimentación, el ingreso, la autosuficiencia, el bienestar y fortalecer la identidad cultural.
   
   No basta crear empleos en el sector moderno, que siempre serán insuficientes. La absorción de la población rural por otros sectores de la actividad económica requeriría tasas de crecimiento superiores al diez por ciento. Hace falta, pues, allegar al campo, a las pequeñas comunidades, medios de producción baratos y hay que recuperar la economía de subsistencia, que permite producir para las necesidades familiares y propiciar una inserción, por modesta que sea, en el mercado.
   
   

3. Para fomentar la producción del mercado interno es necesario pasar a un nuevo sistema de precios de garantía o generalizar el sistema de “ingreso-objetivo” que fue introducido en México a raíz de las movilizaciones campesinas de 2003, pero haciéndolo extensivo a todas las regiones del país y a productos básicos que hoy están excluidos, de manera que el sistema de precios o ingresos garantizados abarque todos los granos básicos (maíz, frijol, trigo y arroz), las principales oleaginosas y fibras textiles (algodón, soya, cártamo, ajonjolí), así como el sorgo y la cebada. El programa tendría un carácter multianual con horizonte de diez años.
   
   De esta manera, podría darse certidumbre a la producción agropecuaria, corrigiendo el carácter discriminatorio del actual sistema de apoyos a la comercialización, que tiene un fuerte sesgo a favor de pocas regiones productivas, de modo que la mayoría de los productores del país, incluidos los campesinos de subsistencia que, también generan excedentes para el mercado, quedan excluidos de estos apoyos y tienen que vender barato lo que producen.
   
   

4. Es fundamental apoyar las actividades agropecuarias de alta densidad económica para su exportación. México tiene, desde hace décadas, un lugar ganado en el mercado mundial, en cuanto a la exportación de café, aguacate, jitomate, melón, garbanzo, mango y otros numerosos productos hortícolas y frutícolas. En todos estos casos, debe mejorarse la tecnología, la calidad y facilitar todos los procesos de comercialización hacia el extranjero.
   
   

5. En cuanto a los actuales programas gubernamentales como Procampo, Alianza para el Campo y otros, proponemos una revisión de fondo, para que se conviertan verdaderamente en un instrumento de fomento al sector agropecuario. Deben revisarse para eliminar sus aspectos reconcentradotes del ingreso y de exclusión de un gran número de productores.
   
   Además, este subsidio debiera vincularse a otros programas, como los de asistencia técnica, capitalización integral, redes de comercialización y a esquemas de financiamiento a cambio de compromisos de desempeño de los productores.
   
   A su vez, los recursos de Alianza para el Campo tendrían que ser federalizados, a fin de apoyar el desarrollo agropecuario desde las regiones.
   
   

6. Debemos invertir en infraestructura rural a fin de aprovechar nuestro potencial de superficie irrigada; mejorar la utilización del agua en los actuales distritos y unidades de riego; construir y rehabilitar los caminos rurales y las carreteras, para facilitar y abaratar el desplazamiento de las cosechas; multiplicar y ampliar los centros de investigación y transferencia de tecnología y rehabilitar y ampliar las bodegas rurales.
   
   Además de los beneficios para el sector agropecuario, estas inversiones permitirían generar empleos directos en la construcción y serán factor de arrastre del crecimiento económico nacional.
   
   

7. Se debe incrementar el crédito al sector agropecuario a través de la banca nacional de desarrollo, pero también de la banca comercial con redescuentos de FIRA; y apoyar el desarrollo de nuevos intermediarios financieros en el medio rural, promoviendo la organización de los propios productores.
   
   Asimismo, se tendría que fortalecer el sistema de seguro agropecuario otorgando apoyos fiscales.
   
   Para asegurar la continuidad de las acciones de fomento, el presupuesto agropecuario debería elevarse significativamente y así mantenerlo constante en términos reales hasta el 2012. Debe buscarse igualmente una mayor sinergia entre la inversión que requiere la infraestructura productiva y la que requiere el sector agropecuario para en su caso maximizar el efecto de aumentos en la inversión pública. Lo mismo debe hacerse con la inversión que se dedique a los programas de conservación y acopio de agua.
   
   

8. Una prioridad tendría que ser la investigación científica destinada al campo. Para ello, se deben fortalecer los centros de investigación agropecuaria del país (INIFAP, CINVESTAV y otros), así como las universidades agropecuarias, dando atención a las diversas opciones tecnológicas. La innovación productiva en los predios agrícolas sería estimulada a través de incentivos y de un eficiente sistema de extensionismo agropecuario y forestal.
   
   De manera particular, debe darse mayor atención al conocimiento, la conservación y la explotación racional y sustentable de los bosques. Es lamentable que, habiendo condiciones favorables para el desarrollo de la silvicultura, se haya permitido la deforestación de grandes extensiones del territorio nacional. Se ha llegado al extremo de importar el 50 por ciento de la madera y derivados que consumimos en el país.
   
   

9. Es necesario impedir una mayor degradación de nuestro territorio. Se debe luchar por la conservación y el mejoramiento del medio ambiente, fomentando en la sociedad una conciencia ecológica que reconcilie a las personas con la naturaleza; se ha de promover el cuidado de nuestra biodiversidad, atendiendo especialmente la flora y la fauna, que se encuentran en vías de extinción e introducir incentivos para el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el desarrollo ambiental.
   
   En este aspecto, es menester dar mucho impulso a los cultivos orgánicos e inducir, en la medida de lo posible, la reducción del uso de agroquímicos.
   
   Un punto central no sólo para el desarrollo agropecuario sino para la conservación del medio ambiente es la definición de una política para el acopio, manejo y distribución del agua.
   
   

10. Con los países integrantes del TLCAN, debemos buscar negociar diversos esquemas de cooperación, a través de acuerdos complementarios que coadyuven a superar las asimetrías existentes en tecnología, productividad y apoyos al campo.
    
    Considerando la atención especial que debe darse a la producción y comercialización de maíz y frijol ?de cuyo cultivo dependen alrededor de tres millones de familias campesinas? es indispensable instrumentar un mecanismo permanente de administración de las importaciones, haciendo uso de la negociación, como describimos en el Compromiso No 19.
    
    Independientemente de estas negociaciones, es necesario hacer valer todos los instrumentos (aranceles, salvaguardas, normas técnicas y otras disposiciones) que México tiene en el TLCAN y que por ahora le permiten aplicar aranceles a las importaciones a fin de salvaguardar nuestra producción interna de alimentos y contrarrestar prácticas desleales de comercio internacional.

En resumen, nuestra propuesta es reintroducir políticas de desarrollo al campo para revertir gradual, pero tangiblemente en el mediano plazo, el profundo deterioro de todo el sector agropecuario y dar paso al progreso y al bienestar social.