De acuerdo con la Constitución, las
Fuerzas Armadas tienen como objetivo fundamental
salvaguardar la integridad del territorio y la
preservación de la soberanía. En
este marco se inscribe la labor de protección
que realizan las Fuerzas Armadas en instalaciones
estratégicas para el país. Asimismo,
es necesario que una institución con la
experiencia y la disciplina del Ejército
siga participando en el combate al narcotráfico.
Además, el prestigio del Ejército
se acrecienta con sus tareas de auxilio a la
población en casos de desastres naturales
y otras contingencias.
Sin
embargo, el Ejército no debe intervenir
para resolver conflictos de origen social.
El Ejército mexicano, surgido de las
luchas populares, no debe utilizarse para asumir
funciones que competen al gobierno civil o
para suplir las incapacidades políticas
de los gobernantes. La opción de utilizar
la fuerza, sin importar con qué palabras
se disfrace, conduce a mayor represión
y sufrimiento social y a más riesgos
para la paz y la estabilidad política
de la nación. Nunca más una masacre
ante demandas de libertad y de justicia. El
Ejército es una institución para
la protección de los mexicanos.
Aún tratándose de asuntos, predominantemente,
del ámbito internacional, la política
de seguridad nacional debe ajustarse y subordinarse
a la concepción de un Estado social
y democrático de Derecho.
Ahora bien, los nuevos
tiempos exigen una definición clara sobre la política
de seguridad nacional. Hoy en día, los
persistentes conflictos en diversas regiones
del mundo demandan la atención de los
estados nacionales. Adicionalmente, la globalidad
ha profundizado problemas de seguridad como
el narcotráfico, la migración
y el contrabando.
Particularmente, en
lo que se refiere al combate al narcotráfico, dado que se ha convertido
en una seria amenaza a la seguridad interior
y exterior del país, consideramos necesario
dar mejores instrumentos a las fuerzas armadas
en esta misión que se les ha encomendado.
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