La honestidad es uno
de los ejes del cambio verdadero. En eso se
funda la autoridad para
exigir a los demás el cumplimiento de
sus deberes. La honestidad permite hacer más
con menos y despierta la colaboración
y la confianza social.
Consideramos
que nada aqueja y atormenta tanto a la nación como la deshonestidad de
sus gobernantes. Ningún otro mal ha
dañado más a nuestro país
que la corrupción política. Ello
ha dado al traste con todo y ha sido la causa
principal de la desigualdad social y económica.
Por eso, cualquier proyecto alternativo de
nación debe incluir, como tema central,
el combate decidido a la corrupción.
Es un imperativo moral pero, también,
un instrumento para liberar y aprovechar una
fuente abundante de recursos para el desarrollo.
Según cálculos de organismos
internacionales, se estima que en México
la corrupción gubernamental representa
el dos por ciento del PIB; es decir, alrededor
de 130 mil millones de pesos.
Para combatir la corrupción es indispensable
una rigurosa vigilancia en el otorgamiento
de contratos públicos, compras, concursos
y licitaciones. Además, el gobierno
debe abrir los Consejos de Administración
de sus empresas y organismos a representantes
de la sociedad civil y fomentar nuevas formas
de rendición de cuentas.
Hay que acabar con
el influyentismo y no permitir componendas
de servidores públicos con
particulares, contratistas, proveedores, gestores,
líderes charros, coyotes y toda esa
caterva acostumbrada a vivir a costillas del
erario y a medrar en detrimento del interés
general y del patrimonio público.
Llegar al gobierno
no puede significar privilegios ni corrupción. Los funcionarios no deben
hacer negocios al amparo del poder público.
El gobierno no puede ser una fábrica
de nuevos ricos.
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