La autonomía del Banco de México
quedó establecida por su Ley Orgánica
de 1993, misma que acota las operaciones de crédito
interno al Gobierno y a la vez le impone el mandato
de “procurar la estabilidad del poder adquisitivo
de la moneda”. Dicho mandato nunca fue
hecho más específico, pero se entiende
generalmente que no es un mandato absoluto, sino
relativo. Si fuera absoluto, el Banco tendría
que adoptar una meta de tasa de inflación
de cero, objetivo que en la práctica es
imposible para cualquier autoridad monetaria
en el mundo, excepto en episodios de deflación
y depresión económica.
Después de los lamentables hechos
que vulneraron la buena política monetaria
y cambiaria ocurridos en 1993-94, apenas poco
después de aprobada por el Congreso
la nueva ley, quedó una gran lección
tanto para el Banco como para el gobierno federal.
Esa lección es que la mejor garantía
para una política monetaria sana es
no permitir la mezcla de intereses individuales
y de grupos con los intereses de las instituciones
frente al mandato de la ley y los intereses
nacionales.
Nuestra
Propuesta
Nuestra propuesta es
coadyuvar de manera armoniosa con la continua
modernización operativa
de la política monetaria para facilitar
la incorporación de metas de control
de la inflación así como de mantenimiento
del crecimiento económico sustentable,
como lo tiene la política monetaria
de nuestro principal socio, los Estados Unidos,
plasmada en el mandato de la Reserva Federal.
Equilibrios
Macroeconómicos
Nos proponemos mantener
los equilibrios macroeconómicos
y para ello tener un manejo responsable de
la política fiscal y de los déficits
públicos con una visión no sólo
de corto plazo, sino de mediano plazo. Esto
nos permitirá visualizar oportunamente
tanto los riesgos como las oportunidades y
consecuentemente las políticas que deben
adoptarse en el corto plazo para asegurar el
cumplimiento de metas en el tiempo.
La
Definición Estrecha de la Estabilidad
Macroeconómica
México ha seguido desde principios
de los 1980s una definición estrecha
del concepto de estabilidad macroeconómica.
Por ésta se ha entendido la obtención
de una baja tasa de inflación y un bajo
déficit fiscal. Éste último
se ha sujetado, incluso, a una meta de menos
de medio punto del PIB, mucho más baja
que el de otros países emergentes y
de la mayoría de los países avanzados.
El marco anterior
se basa en la noción
de que el logro de baja inflación y
bajos déficits traerá en sí mismo
la reanudación de la inversión
privada y eventualmente el crecimiento y el
empleo.
Sin embargo, la evidencia
ha mostrado que ni el crecimiento sostenible
ni mucho menos
el empleo se han materializado a pesar de haber
puesto en ejecución cuatro grandes programas
de estabilización (1983, 1985-86, 1988
y 1995) y otro más basado en medidas
restrictivas del crecimiento de la demanda
en 2001. Más bien la evidencia sugiere
que cuando hemos abusado de las políticas
restrictivas creamos tales distorsiones (como
tasas de interés demasiado altas y sobrevaluación
cambiaria) que a la larga han acabado en crisis
peores que las que inicialmente se intentaban
remontar con el agravante de aumentar los problemas
de la economía a futuro – de ahí el
aumento vertiginoso de la deuda pública
en tres décadas caracterizadas por numerosos
intentos de estabilización --.
Así, el crecimiento promedio del PIB
por habitante resultó ser cero entre
1983 y 2003. Hubo crisis a partir de políticas
de estabilización en 1985-86, 1988 y
1994 con grandes devaluaciones y una secuela
de mayor endeudamiento público, incluido
el Fobaproa, el rescate carretero, las pérdidas
de la banca de desarrollo y muchos otros problemas
fiscales. En el periodo 2001-2003 el estancamiento
de la economía se reflejó en
un crecimiento anual de sólo el 0.7%
en el PIB.
En contra de las mejores
prácticas
de manejo macroeconómico, el gobierno
ha mantenido el costo de estos quebrantos fiscales
fuera de la contabilidad presupuestal. Por
esa razón la medición oficial
del déficit fiscal está muy por
debajo de la cifra real. Ello explica que haya
introducido el concepto de “Requerimientos
Financieros del Sector Público” (RFSP)
como la magnitud que cada año requiere
el sector público para cubrir sus operaciones,
que asciende a casi 3% del PIB.
México tiene entonces dos contabilidades
fiscales; una que representa el déficit
fiscal que llega a menos de medio punto del
PIB pero que a estas alturas es una ficción;
y la otra que representa los RFSP. En cualquier
país del mundo estas dos categorías
se igualan, pues el déficit es exactamente
lo que el sector público debe financiar
en el mercado. Sin embargo, en México,
los dos últimos gobiernos han tolerado
esta anomalía, misma que es nuestro
propósito corregir.
Por otra parte, el
actual modelo económico
ha privilegiado la búsqueda de la estabilidad,
pero al hacerlo no ha podido mantener el crecimiento.
Esto es porque al querer reducir sus RFSP en
el corto plazo, generalmente causa que la demanda
agregada se debilite, pues ello causa una reducción
de las utilidades del sector privado. Las empresas
deben entonces obtener más créditos
para suplir sus menores recursos y mantener
así sus programas de inversión,
pero eventualmente se desaniman ante la caída
del mercado sin visos de mejoría y ante
el aumento en el costo del crédito.
El modelo actual no ha prestado suficiente
atención a los efectos negativos que
tienen sus políticas estabilizadoras
sobre el sector privado y de ahí la
falta de dinamismo de la inversión y
de crecimiento.
Nuestra
Propuesta de Estabilidad
En nuestra propuesta
es esencial controlar la inflación y tener bajos déficits,
pero también mantener el crecimiento
y no generar desaliento o pesimismo en el sector
privado con la aplicación de políticas
de estabilización. Para ello debemos
ser mucho más cuidadosos con la aplicación
de la política fiscal como instrumento
de ajuste. En particular, procuraremos que
cualquier reducción de los déficits
fiscales se haga preferentemente con reducciones
de gasto y no con reducciones de la inversión
pública, mucho menos por periodos tan
prologados como los que ha sufrido ésta
en los últimos veinte años.
Nos proponemos de
entrada lograr una reducción
en el gasto burocrático y al mismo tiempo
aumentar el gasto social y de inversión.
Una reasignación de recursos de gasto
corriente hacia inversión mejorará significativamente
los fundamentos económicos de México
y una vez que sea visible y dé impulso
tangible a un crecimiento más sano,
mejorará las expectativas. Por una parte,
el mayor volumen de inversión pública
atraerá a la inversión privada,
pues contribuirá a que mejore su eficiencia.
Por otra parte, mejorará el clima de
negocios, el empleo y la convivencia social.
La reasignación del gasto también
encierra una mejora en la calidad del crecimiento,
pues se reducirá el costo de la administración.
Con la reasignación se cancelarán
gastos que no resultan ni en mayores bienes
físicos ni en mayor bienestar social
y aumentarán otros que generarán
producción de bienes y bienestar social.
El aumento del gasto social mejorará la
cohesión social y el bienestar familiar.
La política económica mantendrá entonces
los equilibrios macroeconómicos y afianzará el
sustento del crecimiento en el mediano y largo
plazos. Eso hará a México de
nuevo un lugar atractivo para invertir tanto
para el mercado interno como para el mercado
de exportación.
ANEXO
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