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Por mucho tiempo, México vivió un
régimen de simulación, el sistema
político funcionaba con reglas no escritas:
la Constitución se respetaba en la forma
pero se violaba en el fondo. La división
de poderes era una farsa: el Ejecutivo era, realmente,
el poder de los poderes; en lo esencial, tenía
subordinado al Legislativo y al Judicial.
Poco a poco estas prácticas han ido
desapareciendo y mal haríamos si intentáramos
mantenerlas o recrearlas. Deben erradicarse
por completo. Por propia convicción,
sostengo que los poderes deben funcionar con
absoluta independencia y dentro de la órbita
de sus atribuciones. En estos nuevos tiempos,
todos debemos autolimitarnos y buscar más
allá de las diferencias, inherentes
a la vida democrática, puntos de coincidencia
en beneficio del interés general.
La relación del Ejecutivo Federal con
el Congreso de la Unión debe partir
del respeto a la autonomía del Poder
Legislativo, pero tratando de encontrar puntos
de acuerdo en beneficio del desarrollo social,
económico y político del país.
Hoy, el Congreso es
un espacio de mucha incertidumbre, sin un
rumbo definido por la diversidad de
fuerzas que lo componen y el equilibrio que
guardan entre sí, pero con capacidad,
fundamentalmente, para oponerse, mediatizar
o cambiar las iniciativas presidenciales.
En este contexto, aunque
siempre existirán
intereses encontrados, deben buscarse márgenes
de negociación para definir políticas
comunes con el Poder Legislativo. El Ejecutivo
debe procurar que las iniciativas de ley tengan
un amplio respaldo social y, previamente, se
alcancen los acuerdos básicos con diputados
y senadores.
En el marco del pacto
general, es fundamental lograr consensos
en, cuando menos, los siguientes
temas: el presupuesto para el desarrollo social;
el combate a la corrupción, la impunidad
y el influyentismo; las reformas legales necesarias
para el cumplimiento de los Acuerdos de San
Andrés y el programa para garantizar
la seguridad pública.
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