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La relación del Ejecutivo con el Poder
Judicial debe darse apegada a la legalidad y
al Derecho. La interacción entre ambos
ha de fomentar el desarrollo del orden jurídico
y la cultura de respeto a la ley. No puede haber
equívocos en la conducta del Ejecutivo
que debe ceñirse, esencialmente, a la
fundamentación constitucional y la motivación
sólida de sus actos y reglamentos; al
litigio jurídico-político oportuno
y al respeto a las resoluciones definitivas y,
finalmente, de conformidad con el artículo
97 constitucional, a la solicitud de averiguación
para los casos de mayor complejidad político–jurídica.
Respetuosamente, considero
que debe llevarse a cabo una profunda reforma
al Poder Judicial
a favor de la transparencia y responsabilidad
de sus decisiones. Este Poder debe contar con
absoluta autonomía pero es urgente crear
en su interior un sistema de control y vigilancia
que evite la corrupción y garantice
el recto proceder de jueces, magistrados y
ministros.
Sé muy bien que, con ese propósito,
se creó el Consejo de la Judicatura
Federal, pero la realidad nos advierte que
no ha cumplido, cabalmente, con su encomienda
de garantizar la imparcialidad e independencia
de las decisiones judiciales. Baste decir que,
desde que entró en funciones en 1995,
sólo han destituido a siete jueces y
no hay ningún miembro del Poder Judicial
Federal en la cárcel.
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